En alguna sesión de Chelas x México platicamos al respecto de los crímenes que más nos asustaban a los participantes. Uno de ellos claramente fue la desaparición forzada. Es peor que un secuestro, donde cuando menos tienes la certeza (aterradora y dolorosísima) de qué le sucedió a la persona. En las desapariciones no hay rastro, no hay razones, no hay negociación ni cuerpo. Lo único que hay es la presencia de la ausencia en un ciclo de duelo sin cerrar.

Desde hace un par de años Guadalajara enfrenta una crisis de este delito que no parece tener final. Los casos más recientes ocurrieron entre el 20 y 29 de mayo, cuando 8 jóvenes (léase bien: OCHO JÓVENES) desaparecieron sin dejar rastro. La incertidumbre terminó finalmente cuando se encontraron los restos en una barranca, resultado de una denuncia anónima (¿tal vez de los mismos victimarios?).

La presión social, las marchas en silencio y las investigaciones periodísticas forzaron al gobierno Estatal a revelar líneas de investigación: aparentemente las víctimas laboraban en un esquema de defraudación a extranjeros con venta de tiempos compartidos — uno de los largos tentáculos de las organizaciones criminales en México. Este esquema no es nuevo, sino que ya tiene muchos años (cuando menos desde 2017, como lo revela el caso de «Raúl»).

Este contexto nos enreda en un círculo vicioso de asignar culpas o lavar las manos, ya sea a las víctimas o al gobierno. Claramente no se trata de justificar las desapariciones y asesinatos por vínculos con el narcotráfico. Tampoco se trata de decir que el gobierno tiene la culpa de todo lo que sucede. No intento hacer un análisis perfecto, pero creo que hay varios puntos que debemos tomar en cuenta al abordar este tema:

1. Las desapariciones no son culpa del gobierno ni de las víctimas, sino única y exclusivamente de los criminales. Los desaparecidos, hayan estado donde hayan estado, hayan hecho lo que hayan hecho, son los principales afectados.

2. Aunque el gobierno no tenga culpa de las desapariciones, sí tiene una obligación fundamental de proveer paz y seguridad a los ciudadanos; que, en este caso, significa la localización de los desaparecidos y la sanción a los culpables de un crimen tan terrible con este.

3. La obligación del gobierno – más precisamente, el poder ejecutivo del Estado – incluye usar sus recursos materiales para buscar a los desaparecidos (¿a alguien le suena el C5? ¿Sirve para algo?). Lamentablemente, parece que son más eficientes las llamadas anónimas que los «esfuerzos extraordinarios» del gobierno del Estado, que no resuelve nada pero llena las morgues. Como diría alguien: se trata de hallar respuestas, no cadáveres.

4. De igual forma, la Fiscalía debe establecer protocolos de control, seguimiento y protección en estos casos, para garantizar que no queden simplemente en el olvido. Sin embargo, por ejemplo, no estoy seguro de que existan carpetas de investigación por todos los desaparecidos que claman en la glorieta de Los Niños Héroes. ¿Sabemos si de verdad están desaparecidos? ¿Cuántos fueron víctimas de delitos y cuántos simplemente huyeron por su propia voluntad — como el gobernador parece que se defiende en muchos casos? ¿La Fiscalía sabe si todos esos casos son reales, o simplemente imprimieron fotos al azar y las pegaron ahí? La realidad es que no tenemos ni idea.

5. Finalmente, los ciudadanos tenemos derecho a la información y a la verdad de parte de las autoridades gubernamentales. No debería ser necesaria la presión mediática para recibir actualizaciones de lo que está sucediendo.

Pareciera que las autoridades simplemente se dedican a levantar cuerpos (o pedazos de ellos), mientras los criminales gozan de la impunidad que regala la incompetencia, indolencia y cinismo de nuestro gobierno.

El caso de los jóvenes del call center, así como el de los estudiantes que cine que «confundieron» en 2018 y fueron disueltos en ácido, es un crimen que clama a la ciudadanía para que exija justicia duradera. Yo, en lo personal, estoy cada vez más cansado de que simplemente nos quedemos en la diatriba política, sin soluciones reales para los ciudadanos pero con muchos cadáveres por levantar y clasificar.

Por J. Francisco Macías C.